¿CUÁNTO VALEN TREINTA Y CINCO SEGUNDOS?

Al noreste de México, donde el mapa se dibuja con líneas de acero y una ambición que a veces raya en el delirio, se ubica Monterrey. Un lugar que disfruta venderse como la vanguardia, la columna vertebral de la industria del país, la “metrópoli del futuro”. Pero esa fachada de éxito se desmorona en cuanto uno intenta existir fuera de un espacio climatizado. La capital de Nuevo León es un ecosistema diseñado para el motor, no para la vida: ahí el peatón se convierte en obstáculo y termina por desaparecer del paisaje. No es solo por los 35 grados a la sombra que lo sofocan la mitad del año; es un diseño urbano que parece haber sido dictado por una devoción al pavimento.

Basta con mirar en nuestras banquetas pedazos de cemento rotos, invadidos o inexistentes. Es la “tiranía del asfalto”, en la que todo fluye para el coche, nada para quien camina. Aquí lo público se percibe como carga y lo privado como única garantía. La ciudad deja de ser un espacio común y se fragmenta en pequeñas fortalezas. No convivimos: coexistimos, cada quien resguardado, mientras lo que pasa afuera de nuestra burbuja deja de importarnos.

Ese aislamiento ha terminado por volvernos indiferentes al deterioro de lo común. En consecuencia, permitimos atropellos que en cualquier otro lugar serían impensables. Esta obsesión enfermiza por facilitar el flujo vehicular, justificada bajo la gastada idea del progreso, ha encontrado su víctima más reciente en el Arco de la Independencia en el cruce de Pino Suárez y Madero. En una ciudad que presume innovación, el “desarrollo” termina siendo eliminar lo que obliga a detenerse, incluso cuando lo eliminado es la memoria.

Lo que ocurre ahí es la metáfora perfecta de cómo se toman decisiones en el estado: una visión de corto alcance que prefiere la gratificación instantánea de quien pisa el acelerador de un automóvil sobre la permanencia de un símbolo que nos ha acompañado por más de un centenario. Al desmantelar lo construido para protegerlo, nuestras autoridades nos envían un mensaje claro sobre las prioridades: treinta segundos de tráfico pesan más que cien años de historia. Literalmente, se están pasando la historia por el arco.

Para entender la magnitud de este desprecio, conviene recordar el contexto: en 2024 se emprendió un rescate integral del Arco de la Independencia con un presupuesto de 20 millones de pesos. Lejos de ser una simple intervención estética, fueron 16 meses de trabajo especializado en los que arquitectos, restauradores y geólogos se encargaron de consolidar una estructura que ha sobrevivido más de un siglo de historia y, sobre todo, de ciudad. La solución fue una rotonda: una de las expresiones más básicas de civilidad urbana. Este cambio no solo protegía al monumento, sino que también ordenaba el tránsito y devolvía al peatón la posibilidad de cruzar con mayor seguridad. La misma lógica que protege al Ángel de la Independencia, a la Glorieta de La Minerva o, para quienes gustan mirar del otro lado del Atlántico, al Arco de Triunfo, donde el automóvil entiende que hay cosas que no se atraviesan, sino que se rodean.

Ante ese escenario, la pregunta deja de ser técnica y se vuelve dolorosamente obvia: ¿proteger un monumento significa volverlo a poner en riesgo? En cualquier ciudad con una relación resuelta con su historia, la respuesta sería un no rotundo. Pero aquí, las autoridades arrastran una tensión particular con la identidad local. Se han encargado de alimentar esa idea errónea de que el noreste no carga cultura, de que somos un desierto donde lo único que ha podido florecer es el dinero. Con esa "regiomontaneidad" malentendida, donde el progreso solo se mide en metros cúbicos de concreto, nos han vendido el mito de que lo poco que tenemos es prescindible.

Es bajo esta premisa que el Arco de la Independencia revela su valor como uno de los pocos anclajes visibles de una ciudad que, en algún momento, tuvo otra escala, otro ritmo, otra forma de habitarse. Por eso, la decisión de desmontar la rotonda no puede leerse únicamente como una adecuación vial: es una decisión política que responde a una lógica conocida, esa necesidad de borrar lo anterior por puro orgullo partidista, aunque en el proceso se borre también cualquier intento de construir continuidad.

Hoy, esa falta de continuidad se traduce en segundos. La administración del alcalde Adrián de la Garza Santos ha decidido que esos 16 meses de trabajo técnico pueden deshacerse con relativa facilidad frente a una urgencia mayor: ahorrar tiempo. No minutos, no horas, sino segundos. Según sus cálculos, el sacrificio de la rotonda permitirá reducir la espera de 46 a 11 segundos, una diferencia que ni siquiera alcanza a completar un minuto pero que resulta intolerable para la lógica de la eficiencia regiomontana. Una eficiencia que, como siempre, no aplica para quien camina. Por 2.5 millones de pesos más se demolerán los bordes que hoy protegen el monumento y se reabrirá el paso vehicular bajo el Arco, devolviéndolo a su condición de monumento expuesto al roce constante, a las vibraciones y al impacto. Y con ello, también se deshace ese pequeño intento de devolverle al peatón un espacio transitable.

La pregunta, entonces, es otra: ¿qué tipo de ciudad estamos dispuestos a sostener? Porque si la respuesta pasa por sacrificar un símbolo histórico para ganar poco más de medio minuto en un semáforo, queda clara la jerarquía de prioridades. Un modelo urbano que mide su progreso en segundos ahorrados difícilmente puede darse el lujo de pensar en lo que pierde cuando decide avanzar así. Una ciudad que optimiza trayectos, pero deteriora experiencias; que agiliza el paso, pero vacía el espacio público. Y en ese cálculo no solo pierde el Arco, perdemos todos. Al final, quizá habremos ganado treinta y cinco segundos para llegar más rápido a ninguna parte.